Utilizaba artes ilegales como varetas impregnadas de liga y un reclamo sonoro para atraer a las aves.
Un varón es investigado por caza ilegal de fringílidos en la Zona Media de Navarra, ha informado la Guardia Civil de Navarra, acusado de un delito contra la fauna por el empleo de métodos no selectivos de captura de aves.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Artajona sorprendieron al investigado utilizando artes ilegales como varetas impregnadas de liga y un reclamo sonoro para atraer a las aves.
LOS HECHOS
El hombre fue localizado por la patrulla cuando presuntamente se encontraba cazando fringílidos en una zona arbustiva de monte bajo. En concreto, habría colocado varetas impregnadas de liga, ayudado de un reclamo que reproducía con un teléfono móvil.
El hombre reconoció haber colocado cardos impregnados con pegamento y un teléfono móvil reproduciendo el canto del jilguero como reclamo. Ante tales hechos, se procedió a su investigación por el uso de artes de caza no selectivas sin autorización legal.
LA PENA
El presunto autor es investigado por utilizar un arte no selectivo y destructivo sin autorización. La caza de fringílidos está prohibida en España desde 2017, en cumplimiento de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento y Consejo Europeo sobre conservación de aves silvestres. Según el artículo 336 del Código Penal, el investigado podría enfrentarse a una pena de prisión de cuatro meses a dos años, multa de ocho a veinticuatro meses y la inhabilitación especial para cazar o pescar de uno a tres años.
Tras una denuncia ciudadana, la Guardia Civil de Álava descubrió ‘in fraganti’ al cazador, de 61 años
Sorprendido un cazador furtivo de 61 años mientras intentaba «cazar conejos» en un coto privado de caza del Condado de Treviño, para el que carecía de la licencia y el permiso correspondientes.
Ahora, el hombre se enfrenta a 4 denuncias por infracciones a la Ley de Caza de Castilla y León, después de que la Guardia Civil le haya instruido diligencias policiales, e investigado como presunto autor de un delito por cazar sin la autorización del titular del coto.
Escopeta con dos cartuchos
Todo comenzó con una denuncia ciudadana en la comandancia de la Guardia Civil de Vitoria-Gasteiz. En ella, alertaban de la presencia «reiterada y sospechosa, siempre en días de caza» de un vehículo que no tenía vinculación con un acotado cinegético. Este pertenecía al término municipal de una de las localidades ubicadas en el Condado de Treviño.
Al parecer, dicho vehículo recorría los caminos a «escasa velocidad», lo que había despertado las sospechas de que pudiera estar cazando sin autorización. Tras conocer esta posibilidad, la Guardia Civil de Álava intentó verificarla.
Y fue así como descubrieron la presencia del vehículo, al cual interceptaron en uno de los caminos. Allí, vieron que el conductor portaba una escopeta de caza «fuera de su funda, ‘acunada’ sobre sus piernas». El arma tenía dos cartuchos de munición y estaba «dispuesta para su uso», indican desde la Guardia Civil en un comunicado.
El hombre reconoció a los agentes que intentaba «cazar conejos». Además, estos comprobaron que estaba en una zona de seguridad, al encontrarse en un camino de uso público. Y que la caza la realizaba «desde el interior de un vehículo con un arma larga cargada con dos cartuchos». Actividades también prohibidas.
Sin licencia ni permiso
Al requerirle identificación y la documentación necesaria para esta actividad, descubrieron que carecía de licencia de caza de Castilla y León. Tampoco contaba con la autorización del titular del terreno cinegético.
Ante estas irregularidades, la Guardia Civil levantó 4 actas de denuncias, dirigidas a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. De forma paralela, el SEPRONA de la Comandancia de Burgos inició diligencias judiciales. Lo hizo después de que el titular del terreno cinegético interpusiera una denuncia como perjudicado.
Todas las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Miranda de Ebro y en la Fiscalía de Medio Ambiente de Burgos.
Desde la Guardia Civil agradecen la colaboración ciudadana y recalcan la importancia de denunciar. Para ello, recuerdan que la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 062, o el servicio de alertas app alertcops. Y señalan que, cualquier información que se quiera facilitar en cuestiones de seguridad ciudadana, vial, de ciberdelincuencia, patrimonio o medio ambiental, es tratada de forma discreta y anónima.
Los agentes realizaron pruebas de ADN que confirmaron la relación materno-filial entre la perra y el cachorro superviviente.
La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunto autor de un delito de maltrato animal por abandonar cuatro cachorros en un contenedor de basura en La Llosa.
La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando una vecina de la localidad encontró cuatro cachorros dentro de bolsas de basura con piedras y agua en su interior, solamente uno se encontraba todavía con vida.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Burriana, iniciaron una investigación para identificar al responsable, ya que los cachorros, al ser recién nacidos carecían de microchip.
Durante las pesquisas, los agentes localizaron a un vecino de la localidad propietario de una hembra raza podenco con signos recientes de haber parido. Aunque el hombre aseguró que su perra solo había tenido dos crías hembras, los investigadores sospecharon de su versión y que el hombre seleccionó las crías que quería conservar por ser más útiles y cuales desechar.
Para esclarecer los hechos, la Guardia Civil realizó pruebas de ADN que confirmaron la relación materno-filial entre la perra y el cachorro superviviente.
Como medida de protección, los agentes incautaron todos los perros del investigado y los trasladaron a una asociación de ayuda animal para garantizar su bienestar.
La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier indicio de maltrato animal y reitera su compromiso en la lucha contra este tipo de delitos.
Los expertos de la Comisión Europea dicen que España cumple las condiciones si quiere retomar la actividad y el Gobierno entiende que las medidas adoptadas “han permitido una recuperación de esta especie y la reapertura de su caza”
Fin de la tregua a las tórtolas. Tras cuatro años de moratoria a nivel europeo que permitió a la especie remontar el vuelo desde su delicada situación, los cazadores españoles podrán volver a matar tórtolas esta temporada. Los cotos tendrán que repartirse los algo más de 100.000 ejemplares que van a corresponder a España.
La decisión de retomar la caza de la tórtola venía incrustada el 17 de febrero en una respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada del grupo Sumar, Julia Boada, acerca de la codorniz: “Se han venido aplicando medidas de gestión en especies como la tórtola, que han permitido una recuperación de esta especie y la reapertura de su caza”, describía la contestación.
Tras ese párrafo, el pasado 4 de marzo, el Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Aves de la Unión Europea aceptó que España –junto a otros estados– ha alcanzado los requisitos que se habían establecido para poder reiniciar la caza de la tórtola. El comité científico recomendó que, si se volvía a matar esta especie, se empezara con una cuota inicial de unas 132.000 aves (el 1,5% de la población) para 2025, de las que un 80% pueden corresponder a España.
Esa cuota “es un máximo. Nosotros lo comparamos al límite de velocidad en carretera, que debe ser el tope máximo y no tanto el objetivo”, explica a elDiario.es uno de los expertos que han elaborado el informe, Carles Carboneras. El biólogo del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC) –que firma el trabajo junto a Beatriz Arroyo, Marta Cruz y Beatriz Rubio– “nos parece una cifra prudente, ya que cazar un 2% o cualquier cosa por encima es demasiado arriesgado al tratarse del primer año de un sistema nuevo”.
Para la temporada 2025-2026
El Ministerio de Agricultura explica que así se ha certificado “que el país cumple las condiciones técnicas para reintroducir la caza de la tórtola esta temporada 2025/2026. Y que ”este criterio técnico será adoptado oficialmente por el comité comunitario de la Directiva Hábitats en su reunión del 1 de abril“.
Esas condiciones incluían un aumento de población de tórtola europea durante, al menos, dos temporadas, incremento de supervivencia de ejemplares e implementación de sistemas creíbles de regulación y control de la caza “para asegurar que se respetan unas cuotas reducidas [de capturas]”.
En ese último sentido, cabe recordar que en la última temporada de caza de tórtolas antes de la moratoria se mataron más de 400.000 ejemplares. El Ministerio de Agricultura consideraba en 2021 este nivel una “utilización razonable” compatible con salvar la especie. Así lo argumentó para intentar suavizar la sanción europea que afrontaba España por no cuidar suficientemente a la especie tras fracasar el intento del Ministerio de Transición Ecológica de declarar oficialmente vulnerable esta ave (lo que hubiera paralizado su caza).
El documento técnico –firmado por el IREC-Csic– añade que “es importante continuar vigilando y revisar cada año” el cumplimiento de estos requisitos.
La recomendación de los expertos explica que, para la población occidental de tórtolas europeas, una “hipotética cuota del 2% podría permitir un crecimiento, pero a un ritmo relativamente lento: podría tomar dos décadas llegar a una población de tres millones de parejas” y que otra de un 1% presentaría “dificultades para aplicarse, porque haría que varios países tuvieran que repartirse una cuota pequeña”. Así que optan por ese 1,5%.
Carles Carboneras recuerda que “los sistemas de seguimiento actuales permiten que, si el 1,5 % resultase excesivo, se podría detectar en poco tiempo”. Como científico, añade, “contamos con seguir aportando los datos y nuestro criterio objetivo a este proceso. Al fin y al cabo, son las aves mismas las que nos indican si vamos bien de cara nuestro objetivo o si nos alejamos”.
Con todo, los científicos recuerdan que cualquier reapertura de la caza implica que los Estados deben demostrar que contribuyen a “la generación de superávit de población”, que “si son incapaces de justificar una suficiente inversión –en restauración de hábitats, control o investigación– se reducirá la cuota de caza” y, sobre todo, que “la parte de la cuota de tórtolas cazables que no se use no puede transferirse”. Es decir, si hay un número de tórtolas que se salvan, no aumentará un futuro cupo.
De arrastrar los pies a liderar la reapertura
La prohibición (temporal) de matar tórtolas en España se estableció en 2021. La Comisión Europea ya había incluido esta medida en 2018 en su Plan de Acción al constatarse que su abundancia se había desplomado desde más de 2,5 millones de parejas a principios de siglo a cerca de 1,5 millones. Sin embargo, las comunidades autónomas hicieron oídos sordos hasta el punto de que la Comisión Europea abrió un expediente a España y la Fiscalía avisó por escrito a los gobiernos regionales de que debían detener la caza. Gracias a la moratoria cinegética se han contabilizado 615.000 nuevas parejas.
Con esos datos, el Gobierno ya pidió en octubre a la Comisión Europea que se levantara la prohibición. Lo hizo mediante una propuesta de la subdirección general de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura.
Aunque el país mantenía la tradición desde hace siglos, ahora los cazadores no encuentran relevo.
La caza ha sido una práctica que lleva siglos asentada en España. Sin embargo, tal y como recoge un estudio compartido en People and Nature, su futuro enfrenta ahora algunos obstáculos, entre ellos la falta de relevo en las próximas generaciones, menos interesadas en este deporte.
Según el estudio, titulado ‘El colapso demográfico de la caza en la península ibérica‘, la mayoría de cazadores en la actualidad superan ya los 60 años, mientras que los veinteañeros son todavía una minoría, lo que plantea algunas dudas sobre cómo afrontará el sector esta escasez o cómo impactará en los montes.
Para realizar el análisis, los investigadores estudiaron seis regiones españolas (Madrid, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia) y Portugal. Tras comenzar a investigar, llegaron a la conclusión de que en total, a lo largo del último medio siglo, el número de cazadores se ha visto reducido en un 45%. En caso de mantenerse esta tendencia, la cifra continuará bajando a lo largo de los años.
«Para 2050, si se siguen las tendencias medias observadas durante las últimas cinco décadas, se espera que los cazadores de toda la zona de estudio disminuyan en un 70%», afirman los autores de la investigación. Estas cifras son más preocupantes si se retrocede hasta 2007, cuando España se situaba como el segundo mayor registro de Europa respecto al número de cazadores, con un total de 980.000, siendo solo superado por Francia.
En caso de continuar con la misma tendencia, para 2050 solo quedarían 176.815 cazadores, lo que supondría serios problemas en el sector. Ante esta situación, solo queda el relevo generacional, el cual también se encuentra en riesgo debido a la falta de interés entre los más jóvenes, además de por el envejecimiento de la población y el éxodo rural. Según los investigadores, de todas las regiones que se han estudiado, el reclutamiento ha caído en más de un 89% en tan solo 50 años.
«La población cinegética estudiada, con cerca de 600.000 cazadores, está fuertemente envejecida, siendo la cohorte más abundante la comprendida entre los 61 y 70 años, y su prevalencia es ocho veces mayor en las poblaciones más pequeñas que en las grandes ciudades», explican los autores del estudio.
«Las tasas de disminución reales en toda la península ibérica son probablemente mayores, ya que las regiones no incluidas en nuestro estudio, ubicadas sobre todo en el noroeste de España, son las más envejecidas y donde es probable que la caza haya disminuido más», añaden.
Ahora, tras comprobar la caída en el número de cazadores, tanto en la actualidad, como en un futuro próximo, los investigadores se plantean que impacto tendrá en la economía española y en los propios ecosistemas.
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