El caso se ha trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente y se investiga si mataron al ejemplar en otro lugar y trasladaron el cadáver hasta la finca de El Molar en la que se halló
En esta ocasión no ha sido un atropello ―la causa principal de muerte no natural del lince― sino varios disparos. La semana pasada apareció el cadáver decapitado de un ejemplar de un macho adulto de lince ibérico, una especie emblemática y protegida, tirado en una finca de El Molar, un municipio situado a 39 km al norte de la ciudad de Madrid cercano a la N-I. Una patrulla de agentes forestales de la Comunidad de Madrid se topó con el macabro hallazgo: al lince no solo le habían disparado, le habían cortado la cabeza y las patas. Los agentes levantaron el cadáver y pusieron en marcha una investigación inmediatamente para localizar al culpable, además de trasladar los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil también está llevando a cabo indagaciones sobre lo sucedido.
El lugar en el que apareció el animal no se encuentra en la ruta habitual de dispersión de la especie, que todavía no se ha establecido en la comunidad madrileña. Por esta razón, los agentes barajan la posibilidad de que se pueda tratar de un lince cazado de forma ilegal en otra parte y trasladado a esta finca, indican a EL PAÍS fuentes de la Guardia Civil. Los pocos ejemplares que se han detectado en la región son individuos que se mueven a la búsqueda de un territorio en el que establecerse desde Toledo, donde la reintroducción de la emblemática especie ha sido un éxito.
Tras realizar la necropsia al animal en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de la Comunidad de Madrid, se comprobó que presentaba, al menos, el impacto de dos disparos. Las mismas fuentes añaden que detrás de los hechos se podría encontrar un cazador debido a que la cabeza es una parte de los animales considerada como trofeo. Las personas que cometen este tipo de actos se enfrentan a un delito contra la fauna castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar.