A los dos varones investigados la Guardia Civil les intervino un silenciador, un visor nocturno acoplado, una navaja y prismáticos, entre otros
La Guardia Civil de Teruel investiga a dos personas como presuntas autoras de varios delitos contra la fauna y la flora en Tramacastilla. Los cazadores furtivos no tenían licencia de caza en Aragón y fueron pillados de madrugada el pasado enero con un arma preparada para efectuar el disparo de manera inmediata. Se trataba de un rifle de caza mayor, que además, tenía instalado un silenciador y un visor nocturno acoplados, los cuales están prohibidos en la Comunidad Autónoma. La investigación, que comenzó el pasado 25 de enero de 2025 y finalizó durante este mes de marzo, ha sido llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel.
Los hechos se remontan a la madrugada del 25 de enero, mientras los guardias civiles se encontraban prestando servicio propio de la especialidad en prevención del furtivismo en la Reserva de Caza Montes Universales, en la localidad de Tramascastilla (Teruel), observaron a un vehículo susceptible de encontrarse realizando algún tipo de actividad ilícita, por lo que procedieron a la interceptación y registro del mismo.
PRISMÁTICOS, UN MONOCULAR TÉRMICO, UNA NAVAJA Y LINTERNA DE LARGO ALCANCE
El vehículo, ocupado por dos personas, fue registrado por los agentes, localizando un rifle de caza mayor. El arma que llevaba un cartucho en la recámara, además de tener instalado un dispositivo supresor de ruido (silenciador), disponía de un visor nocturno acoplado, prohibido en Aragón, con el tapón abierto y encendido. La misma estaba dispuesta para ser usada en cualquier momento.
En el mismo registro, los guardias civiles localizaron unos prismáticos, cartuchos compatibles con el arma localizada, un monocular térmico, una navaja y una linterna de largo alcance.
Por lo expuesto y tras comprobar que la persona que se iba a hacer cargo del arma, carecía de autorización para el uso y tenencia de armas de fuego, se procedió a investigarlo como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, también se les solicitó, a ambos ocupantes, la autorización para ejercer el deporte de la caza, careciendo de autorización del titular del terreno, por lo que se procedió a investigar a las dos personas como presuntas autoras de dos delitos contra la flora y fauna, al carecer de la preceptiva autorización.
Asimismo, se dio cuenta a las autoridades competentes de las 20 infracciones administrativas en materia de caza y reglamento de armas cometidas. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Teruel.
El Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha presentado una moción para instar a la institución insular a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las cuatro modalidades de caza tradicional de Mallorca: la caza con perros ibicencos, la caza de zorzales con red, la caza de la perdiz con reclamo y lazos, y la de cabras con perros y lazo.
El portavoz adjunto del Grupo Popular, Bernat Vallori, ha defendido que estas prácticas forman parte de la identidad y cultura mallorquina, «y han sido transmitidas de generación en generación como un ejemplo de una relación equilibrada y respetuosa con el medio ambiente».
Según el ‘popular’, «mantener este patrimonio no es solo una cuestión de tradición, sino también de sostenibilidad y de protección de un conocimiento histórico vinculado a la gestión del territorio».
«No podemos permitir que desaparezca una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. Son prácticas reguladas, sostenibles y compatibles con la conservación de los ecosistemas. Deben ser reconocidas y protegidas como se merecen» ha concluido Vallori.
El Senado abre la puerta a este cambio legal, que el Congreso decidirá la próxima semana
El regreso de la caza del lobo ibérico al norte del río Duero podría volver a tener rango legal si el Congreso confirma la próxima semana esa petición gracias a enmiendas del PP aprobadas en el Senado a través de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
El pasado viernes entró en vigor un cambio normativo en el Convenio de Berna que rebaja el estatus de protección del lobo, que pasa a ser una especie «protegida» y no «estrictamente protegida», tras así proponerlo la Comisión Europea. Ello abre la puerta a modificar la Directiva Hábitats para matar poblaciones de ese gran carnívoro.
El lobo ibérico es una especie protegida en toda España desde el 22 de septiembre de 2021, momento en que entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y en que dejó de ser cinegética al norte del Duero, con lo que su caza deportiva está prohibida en todo el país.
Pero esa situación podría cambiar después de que el Senado aprobara este miércoles dos iniciativas que pretenden, básicamente, que el lobo ibérico deje de estar protegido en toda España y se permita su caza al norte del Duero, como ocurría hace más de cuatro años.
El argumento fundamental de esas iniciativas es reducir los ataques loberos al ganado en Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León, donde se concentra cerca del 90 por ciento de los lobos ibéricos en España.
Una de ellas, de mayor enjundia por ser de rango legal, se refiere a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que introduce, gracias a tres enmiendas presentadas por el PP, la posibilidad de cambiar el estatus de protección del lobo ibérico al norte del Duero para «controlar el impacto que la especie está produciendo en las explotaciones ganaderas y con ello el desperdicio alimentario», según los populares.
El PP justificó este cambio legal indicando que la legislación española establece que los cadáveres de animales, incluidos los muertos por ataques de lobos, deben ser gestionados conforme a las normativas sanitarias para prevenir riesgos de enfermedades.
Lorena Guerra, del PP, apuntó en el Pleno del Senado que los ataques del lobo causan «más de 14.000 reses sacrificadas al año, más de cuatro millones de kilos de alimentos desperdiciados y, lo peor de todo, pérdidas millonarias para nuestros ganaderos».
Antonio Luengo, también del PP, abogó por «el control del descontrol del lobo» sacando a esa especie del Lespre para que se permita «un control de la población» al norte del Duero.
Por otro lado, el Pleno del Senado aprobó este miércoles también una moción por la que se insta al Gobierno a excluir del Lespre a las poblaciones del lobo ibérico al norte del río Duero, así como a revisar la estrategia española de conservación de ese gran carnívoro.
La moción contó con los votos favorables del PP, el PNV, Junts, Vox y UPN. Estas formaciones cuentan con mayoría en el Congreso, si se mantiene en esta Cámara la orientación de lo votado en el Senado.
Desde la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico explican que miembros de ASCEL observaron a una persona acompañada de dos perros en una evidente y clara actitud de caza
Miembros de la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) han denunciado un caso de caza furtiva en la Montaña Palentina, que ha culminado con “una sanción económica de 3.500 euros al autor de los hechos, quien resultó ser un exjefe de celadores de Medio Ambiente de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas”, tal y como detallan en un comunicado enviado a los medios de comunicación.
Explican desde ASCEL que “los hechos ocurrieron mientras los miembros de ASCEL realizaban trabajos de seguimiento de la población de lobo ibérico en la zona. Durante sus labores, observaron a una persona acompañada de dos perros en una actitud claramente orientada a la caza. El individuo incitaba a los canes a acosar y perseguir a un jabalí, lo que constituye una acción injustificada y contraria a la normativa de protección de la fauna y el medio ambiente”.
ASCEL documentó la situación mediante un vídeo que fue presentado como prueba junto con una denuncia formal ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en Barruelo de Santullán. Tras una exhaustiva investigación, el SEPRONA logró identificar y localizar al autor de los hechos, quien, “sorprendentemente, era una persona conocida en la zona por su anterior cargo como jefe de los celadores de Medio Ambiente de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas”.
Indican que “la investigación concluyó con la elaboración de una propuesta de sanción, que fue remitida a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. Finalmente, se impuso una multa de 3.500 euros al exfuncionario por la comisión de dos infracciones graves tipificadas en la Ley 4/2021, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, y en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad”.
Desde ASCEL, han destacado la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar cualquier infracción o hecho delictivo contra la fauna y el medio ambiente, especialmente en espacios naturales protegidos. Además, han agradecido el trabajo y la dedicación de la patrulla del SEPRONA de Barruelo de Santullán en la resolución de este caso.
Utilizaba artes ilegales como varetas impregnadas de liga y un reclamo sonoro para atraer a las aves.
Un varón es investigado por caza ilegal de fringílidos en la Zona Media de Navarra, ha informado la Guardia Civil de Navarra, acusado de un delito contra la fauna por el empleo de métodos no selectivos de captura de aves.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Artajona sorprendieron al investigado utilizando artes ilegales como varetas impregnadas de liga y un reclamo sonoro para atraer a las aves.
LOS HECHOS
El hombre fue localizado por la patrulla cuando presuntamente se encontraba cazando fringílidos en una zona arbustiva de monte bajo. En concreto, habría colocado varetas impregnadas de liga, ayudado de un reclamo que reproducía con un teléfono móvil.
El hombre reconoció haber colocado cardos impregnados con pegamento y un teléfono móvil reproduciendo el canto del jilguero como reclamo. Ante tales hechos, se procedió a su investigación por el uso de artes de caza no selectivas sin autorización legal.
LA PENA
El presunto autor es investigado por utilizar un arte no selectivo y destructivo sin autorización. La caza de fringílidos está prohibida en España desde 2017, en cumplimiento de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento y Consejo Europeo sobre conservación de aves silvestres. Según el artículo 336 del Código Penal, el investigado podría enfrentarse a una pena de prisión de cuatro meses a dos años, multa de ocho a veinticuatro meses y la inhabilitación especial para cazar o pescar de uno a tres años.
Tras una denuncia ciudadana, la Guardia Civil de Álava descubrió ‘in fraganti’ al cazador, de 61 años
Sorprendido un cazador furtivo de 61 años mientras intentaba «cazar conejos» en un coto privado de caza del Condado de Treviño, para el que carecía de la licencia y el permiso correspondientes.
Ahora, el hombre se enfrenta a 4 denuncias por infracciones a la Ley de Caza de Castilla y León, después de que la Guardia Civil le haya instruido diligencias policiales, e investigado como presunto autor de un delito por cazar sin la autorización del titular del coto.
Escopeta con dos cartuchos
Todo comenzó con una denuncia ciudadana en la comandancia de la Guardia Civil de Vitoria-Gasteiz. En ella, alertaban de la presencia «reiterada y sospechosa, siempre en días de caza» de un vehículo que no tenía vinculación con un acotado cinegético. Este pertenecía al término municipal de una de las localidades ubicadas en el Condado de Treviño.
Al parecer, dicho vehículo recorría los caminos a «escasa velocidad», lo que había despertado las sospechas de que pudiera estar cazando sin autorización. Tras conocer esta posibilidad, la Guardia Civil de Álava intentó verificarla.
Y fue así como descubrieron la presencia del vehículo, al cual interceptaron en uno de los caminos. Allí, vieron que el conductor portaba una escopeta de caza «fuera de su funda, ‘acunada’ sobre sus piernas». El arma tenía dos cartuchos de munición y estaba «dispuesta para su uso», indican desde la Guardia Civil en un comunicado.
El hombre reconoció a los agentes que intentaba «cazar conejos». Además, estos comprobaron que estaba en una zona de seguridad, al encontrarse en un camino de uso público. Y que la caza la realizaba «desde el interior de un vehículo con un arma larga cargada con dos cartuchos». Actividades también prohibidas.
Sin licencia ni permiso
Al requerirle identificación y la documentación necesaria para esta actividad, descubrieron que carecía de licencia de caza de Castilla y León. Tampoco contaba con la autorización del titular del terreno cinegético.
Ante estas irregularidades, la Guardia Civil levantó 4 actas de denuncias, dirigidas a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. De forma paralela, el SEPRONA de la Comandancia de Burgos inició diligencias judiciales. Lo hizo después de que el titular del terreno cinegético interpusiera una denuncia como perjudicado.
Todas las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Miranda de Ebro y en la Fiscalía de Medio Ambiente de Burgos.
Desde la Guardia Civil agradecen la colaboración ciudadana y recalcan la importancia de denunciar. Para ello, recuerdan que la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 062, o el servicio de alertas app alertcops. Y señalan que, cualquier información que se quiera facilitar en cuestiones de seguridad ciudadana, vial, de ciberdelincuencia, patrimonio o medio ambiental, es tratada de forma discreta y anónima.
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